Punset le hace un "Zas, en toda la boca" a Sinde.

Qué bien te sienta cuando alguien con más sabiduría, y más canas, te da razón. La industria musical y cinematográfica se encuentra dentro de una dura batalla contra lo que ellos confunden con piratería. Intentan luchar para mantener un modelo de negocio totalmente obsoleto e insostenible en esta época, e incompatible con las nuevas tecnologías que están surgiendo. ¿Y, cómo lo hacen? ¿Cómo mantienen esta lucha?Presionando a los gobiernos de los distintos países para que regulen el acceso a los contenidos, esto es, poner barreras a Internet convirtiendo en ilegal una práctica tan social y cultural como es la de compartir el conocimiento y el acceso libre a la cultura. En el caso de España, el Ministerio de Cultura con la señora González Sinde al frente, partipa en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible, en el que se propone una comisión formada parcialmente por una de las partes interesadas, la industria, que tendrá el poder de cerrar cautelarmente webs que ellos consideren que estén incurriendo en un delito. Ante esta barbaridad, gente de la cultura -ojo, separamos cultura de "industria cultural"- como Eduard Punset, intentan hacer ver al gobierno que "no es dueño de Internet". Disfrutad el vídeo, sobre todo en la parte en la que Sinde compara a Gaudí, con Ramoncín... en fín. Un saludo.

MANIFIESTO "EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET".

Desde este blog nos unimos a este manifiesto y os pedimos que lo difundáis entre todas aquellas personas que conozcáis. El texto del manifiesto es el siguiente:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.